El eje central de esta iniciativa es la Orden Ejecutiva titulada "Restoring Integrity to America's Financial System" (Restaurando la Integridad del Sistema Financiero de Estados Unidos), firmada por el presidente Donald J.
La estrategia de "integridad" no se enfoca en un rescate bancario tradicional, sino en vincular la seguridad del sistema financiero con el control migratorio, el combate al lavado de dinero y la reestructuración del riesgo crediticio. A continuación los puntos:
Mitigación de "Riesgos Estructurales de Crédito"
La orden establece que otorgar productos de crédito (hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos automotrices) a la población extranjera inaceptable o sujeta a deportación genera una insuficiencia en la "capacidad de pago".
- Justificación regulatoria: El gobierno argumenta que el riesgo de pérdida de ingresos por deportación debilita la seguridad y solidez del sistema bancario nacional.
- Acción directa: Se instruyó a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y reguladores a modificar las normativas para que la potencial deportación y la consecuente pérdida de salarios sean explícitamente consideradas como factores de riesgo en los estándares de evaluación de crédito.
Fiscalización de Remesas y Canales de Pago
El decreto pone bajo la lupa: las transferencias transfronterizas de bajo monto, las plataformas de pago entre particulares y los patrones de depósitos repetitivos en cantidades pequeñas.
- El argumento: El análisis de tendencias financieras del gobierno vincula estos flujos de bajo valor con redes de lavado de dinero de cárteles (especialmente relacionadas con el tráfico de fentanilo) y evasión fiscal.
- Mandato al Tesoro: En un plazo de 60 días (contados a partir del 19 de mayo de 2026), el Secretario del Tesoro debe emitir una Advertencia Formal a las instituciones financieras detallando las señales de alerta asociadas a la explotación del sistema por parte de poblaciones sin autorización para trabajar y sus empleadores.
Endurecimiento de la Ley de Secreto Bancario
Para evitar la opacidad en el origen y destino de los fondos, la orden ejecuta cambios normativos profundos:
- Identificación del cliente: Se instruye al Departamento del Tesoro a proponer, en un plazo de 90 días, reformas a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer la Debida Diligencia del Cliente.
Las instituciones financieras estarán obligadas a recopilar información más estricta para identificar a los beneficiarios reales de las cuentas.
- Cuestionamiento al uso del ITIN: El uso del Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) para abrir cuentas o solicitar créditos —cuando el solicitante carezca de un estatus migratorio legal verificado— pasará a ser catalogado formalmente como un factor de riesgo alto.
Esto busca frenar que el ITIN sea utilizado para encubrir esquemas de empleo no autorizado.
- Revisión de identificaciones consulares: En un plazo de 180 días, se evaluarán restricciones o mayores controles al uso de tarjetas de identificación consular extranjeras como documentos válidos de apertura de cuentas.
Enfoque Paralelo: Innovación y Apertura Fintech
Es importante notar que, en la misma fecha, la Casa Blanca emitió una orden paralela para "Integrar la Innovación Tecnológica Financiera en los Marcos Regulatorios". Mientras se endurecen los controles de identidad y crédito para ciertos sectores, el gobierno busca simultáneamente desmantelar lo que considera "barreras burocráticas excesivas" para las firmas de tecnología financiera (Fintech) y la industria de activos digitales.
Lo anterior incluye la evaluación del Sistema de Reserva Federal para emitir que instituciones de custodia de criptoactivos y bancos no tradicionales puedan tener acceso a las cuentas de pago y servicios del mismo sistema.
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